Ya sólo faltan 324 (si todo se confirma y el detenido colabora)

Cuatro años y tres meses después de haber asesinado presuntamente al ex concejal socialista Isaías Carrasco y al empresario Inaxio Uría,  Ugaitz Errazkin ha sido detenido en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía francesa en la localidad de Albis.

Es una buena noticia. En el caso de que la presunción se evapore por la vía de las pruebas y el asesino empiece a colaborar con la Justicia, explicando quienes le acompañaban, y quién hizo qué en cada caso, ya sólo quedarían 324 asesinatos sin esclarecer.

Esto era lo que pedía Consuelo Ordóñez, una mujer a quien las almas bellas afean que antepone la venganza a la reinserción de los asesinos de su hermano. Ella misma contaba que cuando se concentraba en la Plaza Guipúzcoa, los batasunos gritaban: «Ordóñez, devuélvenos la bala». Esta mujer tuvo que cerrar el despacho de procuradora que tenía en Tolosa, porque la buena sociedad guipuzcoana, la que votó a Bildu y la que no lo votó, le dio la espalda y dejaron de llevarle casos a partir del asesinato de Gregorio. Es lo que hay.

Es de suponer que todos los demócratas incluirán en sus obligadas relaciones institucionales con los batasunos nominalmente reconvertidos una pregunta clave: si se alegran por la detención de Errazkin y Osés o, al contrario, lo lamentan.

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Jorge de Esteban ha escrito una muy notable tribuna en El Mundo a propósito de la sentencia de legalización de Sortu: ‘Los dos Tribunales Constitucionales’. Antonio Machín le habría puesto música: «Como se pueden tener/ dos tribunales constitucionales a la vez/ y no estar loco./ Y no estar loco».

El primero es el formado por los seis que encabeza Pascual Sala. El segundo por los votantes particulares. De Esteban coincide con la valoración de los votos particulares que exponíamos aquí:

No es una casualidad que precisamente los tres mejores juristas del actual Tribunal sean los autores de sendos votos particulares, en los que exponen su discrepancia con respecto al fallo impuesto por la mayoría seudoprogresista. Porque conviene recordar aquí, que reivindicar una Constitución es querer someter a los representantes políticos a unas reglas de conducta y a unos principios decisorios que no han sido definidos por ellos, sino por otro sujeto bien distinto, esto es, por el auténtico soberano, por el pueblo, que ha expresado su voluntad suprema en la Constitución y no en la ley o en los mandatos de los gobernantes.

Y expone los argumentos de unos y otros, a saber:

Los argumentos en que se basa el primer Tribunal Constitucional para justificar su fallo, son fundamentalmente tres.

1º Que la negación de la inscripción de Sortu como partido iría en contra del pluralismo político que reconoce nuestra Constitución y de la libertad de asociación. Pero este derecho se debe reconocer sólo a los partidos o asociaciones que acepten las reglas democráticas. Así lo reconoció el Tribunal Europeo de Estrasburgo cuando desestimó el recurso de Batasuna, tras su ilegalización, afirmando que «su prohibición no vulnera el artículo 11 de la Convención europea de Derechos Humanos, relativo a la libertad de reunión y de asociación, tal y como argumentaba el grupo nacionalista». Ahora bien, la libertad de creación de partidos políticos debe basarse en lo que pudiéramos llamar presunción de democraticidad, esto es, en dar por bueno, mientras que no haya pruebas de lo contrario, que todo nuevo partido va a respetar las reglas y a rechazar la violencia. A esta presunción tienen derecho todos los partidos nuevos, que no tengan pasado. Pero en el caso de Sortu no es así, puesto que es una franquicia de Batasuna o ETA, declarada ilegal. Por consiguiente, mientras que ETA no se disuelva, mientras que no pida perdón a las víctimas y no entregue las armas, no cabe afirmar que no se trate de un fraude legal, contemplado en el artículo 44 de la LOREG.

2º Que los estatutos de Sortu declaran que el partido está contra la violencia y acepta las reglas democráticas. Ahora bien, si en Sortu son sinceros en aceptar el juego democrático, tendrían que reconocer que todo lo que hicieron antes era antidemocrático; pero para creerles es necesario que primero desaparezca, además de ETA, todo vestigio de su etapa de terror.

3º Que en el caso de que se vulnerasen los estatutos habría que tomar las medidas adecuadas dando más importancia al control a posteriori que al control previo, es decir, la venda se pondrá cuando ya se haya producido la herida. [Aquí, como decimos una cosa, decimos la otra, no ha hilado muy fino con la metáfora. El momento procesal oportuno de la venda es justamente después de la herida, no antes].

A continuación los argumentos de los tres votantes de la discrepancia: Aragón, Rodríguez y Delgado:

1º La sentencia supera los límites de la jurisdicción constitucional, invadiendo el terreno de la jurisdicción ordinaria, puesto que entra a valorar las pruebas.

2º Sortu se trata de una trama defraudatoria destinada a presentar con otra cara el ilegal partido de Batasuna.

3º El lenguaje de los estatutos de un partido no puede prevalecer sobre el inequívoco lenguaje de los hechos, que el Supremo ha estimado decisivos.

4º La libertad de asociación no es un derecho sin límites, sino que está sujeto a los requisitos que en nuestro país establece la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.

5º La sentencia cae en el inmenso error de dar más importancia al control a posteriori, en los posibles excesos de ese partido, que al control previo, cuando no es un nuevo partido que parte de cero, sino la continuación de uno ilegal.

6º Equiparar la violencia de ETA con la que ejerce el Estado, además de una injuria es desconocer que en un Estado de Derecho el monopolio de la violencia es competencia del Estado, legítimamente utilizada.

7º La sentencia incurre en flagrantes contradicciones con la anterior doctrina del propio Tribunal Constitucional.

En resumidas cuentas, como concluye el magistrado Manuel Aragón: «El recto entendimiento de nuestra función de defensa jurisdiccional del sistema constitucional democrático, el exacto cumplimiento de las previsiones de la LOPP y la aplicación de nuestra propia jurisprudencia debieran haber conducido a este Tribunal a denegar el amparo solicitado por Sortu». En efecto, «debieran», pero no ha sido así, porque si ya teníamos dos Españas, ahora tenemos también dos Tribunales Constitucionales. Si hubiese uno solo, no sería necesario suprimirlo, como una ilustre política ha mantenido.