José Ricardo en la prensa amiga (y 2)

P.-¿A usted le han presionado?

Nadie se ha dirigido a mí pidiéndome que resolviera en uno u otro sentido, pero en los últimos tres años, coincidiendo con Gürtel, he sufrido más ataques como juez desde la política y desde los medios que secundan determinados planteamientos políticos que en los otros casi treinta restantes que llevo trabajando como juez en la Audiencia Nacional. Y no solo yo, también mi familia. Se ha utilizado cualquier pretexto para ello. Y únicamente mi asociación profesional [Juezas y Jueces para la Democracia] ha salido en ocasiones en mi defensa. Desde luego, no el Consejo General del Poder Judicial [CGPJ], que en mi opinión debería haberlo hecho. Los jueces somos muy vulnerables y no podemos defendernos por nosotros mismos. El consejo debería asumir esa función, pero lamentablemente está muy lejos de los jueces y actúa siguiendo los vaivenes de la política.

P.-Se ha criticado desde posiciones políticas que la sentencia delcaso Gürtelcontiene innecesarias referencias al PP o que se pronuncia sobre temas, como la caja b de dicho partido, que son objeto de otros procedimientos.

“El Consejo General del Poder Judicial está muy lejos de los jueces”

 No es cierto. La sentencia hace un esfuerzo por ser muy cuidadosa en las conclusiones que expone como hechos probados y apenas hace algunas someras referencias a las relaciones del Grupo Correa con el Partido Popular. [Increíble. Esas someras referencias fueron la pieza básica, el argumento principal que en la moción de censura fueron repetidas entrecomilladas por todos los portavoces de los grupos parlamentarios que votaron afirmativamente a la moción de censura para justificar sis votos. Por todos que votaron y también por el que se abstuvo, porque Albert Rivera lo repitió antes durante y después del pleno]. Las imprescindibles para que el relato sea expresivo e inteligible. Se limita a dibujar un contexto en el que actuaba el Grupo Correa que, como usted comprenderá, no flotaba en el aire, como tampoco muchas de las personas que han resultado condenadas. No se trataba de meros casos de corrupción institucional aislada y era imprescindible ponerlo de manifiesto.Respecto de la existencia de la caja b en el PP, es una conclusión unánime del tribunal. Resultaba un antecedente imprescindible para justificar la condena de algunos de los acusados. [Pero ese es un asunto que está tramitándose en pieza separada, o sea que difícilmente podía justificar nada].

P.-¿Era necesariocuestionar en la sentencia la credibilidad como testigo de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en aquel momento?

El tribunal valoró cuidadosamente ese tema y consideró que hacerlo respondía al normal funcionamiento de la justicia en una sociedad democrática en la que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. El tribunal necesariamente ha de valorar la credibilidad de todos los testigos que intervienen, y no existía razón para excluir al testigo Mariano Rajoy si lo hacía con otros. [Esto no es nada normal. Esa frase de la sentencia en que De Prada y DE Diego niegan credibilidad al presidente del Gobierno anterior es puro bullshit. Un testigo está obligado a decir verdad y si el tribunal tiene pruebas de que miente deberá deducir testimonio por falso testimonio con perdón por la redundancia, pero no puede decir que usted no me merece credibilidad. O tiene elementos para refutar al testigo o no, pero si no lo tiene debería dejarlo correr. Las sospechas son elementos del trabajo policial, pero no valen para los jueces si no se transforman en hechos probados, durante la elaboración del sumario o en el transcurso de la vista oral.]

P.-Cuando fue llamado como testigo era previsible cuál iba a ser su comportamiento procesal. ¿Cree que tenía otra opción?

El tribunal durante el juicio trató de dar la máxima normalidad posible a la declaración de este testigo que ostentaba la presidencia del Gobierno —es decir, que era el máximo representante de otro poder del Estado—, pero al que no se le llamaba por eso, sino por su posible conocimiento sobre los hechos. Fue llamado a juicio como cualquier otro ciudadano y únicamente se le permitió declarar en estrados por deferencia a su posición institucional, pero sin que ello significara ningún privilegio. Tenía la obligación, como cualquier otro ciudadano, de decir la verdad. [Convocaron como testigo al presidente Mariano Rajoy, obligándole a asistir personalmente en persona, si me perdonan el pleonasmo y descartando la posibilidad de tomarle testimonio por videoconferencia. Ya entonces el presidente Hurtado emitió un voto particular señalando que aquel mismo tribunal, (ponente Julio de Diego), había admitido la videoconferencia para un procesado por las Herriko Tabernas. La Ley de Enjuiciamiento Criminal en sus artículos 412 y 731 b así lo permite y el PP publicó una lista de casi un centenar de testigos para quien se dio por bueno el invento: Manuel Chaves, el ciclista Contador, Marta Sánchez, Carolina Bescansa, Errejón, Artur Mas, Núria de Gispert, Ramón Espadaler, Alberto Aza y 39 testigos del caso Nóos.

Los dos jueces de la sentencia están muy motivados y han dictado condenas que a uno le parecen muy severas, hay penas más leves por homicidio, pero ante la imposibilidad de leer los 1.588 folios de la sentencia, si uno hojea los 98 del voto particular se encuentra con apreciaciones llenas de buen sentido, no ya jurídico, sino común contra la mayoría del tribunal, cuando señala en la sentencia que entre el grupo Correa y el PP “se tejió una estructura de colaboración estable” y que “se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción estable”, expresiones incompatibles con el hecho de que el PP esté “encartado como partícipe a título lucrativo”, razón que debería llevarles a considerar “su ausencia de participación en los hechos delictivos”. O estuvo en la génesis del delito y entonces merece reproche penal o solo participó a título lucrativo y entonces sobran los dicterios de De Prada y De Diego.

Incurría el auto de la Audiencia Nacional que obliga al presidente del Gobierno a declarar como testigo en carne mortal aquel 26 de julio en algunas consideraciones pedestres como banalizar la complicada agenda de un presidente del Gobierno y la seguridad que debe acompañarle, cuando no da ninguna razón para impedir que el presidente pueda prestar testimonio por videoconferencia. El propio Tribunal que deniega la práctica, admite su perfecta legalidad, contemplada en el art. 731.bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice:

Art.731bis.-El Tribunal, de oficio o a instancia de parte, por razones de utilidad, seguridad o de orden público, así como en aquellos supuestos en que la comparecencia de quien haya de intervenir en cualquier tipo de procedimiento penal como imputado, testigo, perito, o en otra condición resulte gravosa o perjudicial, y, especialmente, cuando se trate de un menor, podrá acordar que su actuación se realice a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Un artículo anterior de la LECr, el 412, dice que:

Art. 412.-Están exentos de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo:

1.º El Presidente y los demás miembros del Gobierno.

Quizá el ponente, Julio de Diego, secundado por José Ricardo de Prada, se tema que la videoconferencia no permita “la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido”, tal como dice el 741bis citado.

Es impresionante. El auto era corto, en el sentido que daba Santiago Russiñol a la escalera del gallinero, pero está tan cuajado de errores que el presidente del Tribunal, Angel Hurtado Adrián tuvo que emplear seis folios para deshacer los errores que el ponente recoge en dos. Sus razonamientos jurídicos o así constan de dos apartados básicamente. Dice el primero:

1.-“Don Mariano Rajoy no comparece como presidente del Gobierno sino como un ciudadano español (art. 14 CE) en calidad de testigo por hechos que se están juzgando en este tribunal en razón de los cargos que tenía en el PP, colaboración con la justicia y en un acto ciudadano que se enmarca en la normalidad democrática y del estado de derecho”.

 Rajoy es un ciudadano español que allá donde fuera cuando era presidente iba con el cargo puesto, era indisociable de su persona. Y si bien un presidente del Gobierno está obligado por la ley, como el último de sus conciudadanos (salvo que sean catalanes, que no se han enterado aún) no son iguales en las comparecencias y en los protocolos de la Justicia. Hay tres maneras de practicar la inequidad:

a) Tratar igual lo que es diferente.

b) tratar diferente lo que es igual.

c) Tratar diferente lo que no es igual en perjuicio de la instancia preeminente.

Al presidente del Tribunal, Angel Hurtado, le salía un caso pintoresco en su voto particular. El ponente Julio de Diego admitió que en el caso de las Herriko Tabernas por financiación de la banda terrorista ETA declarase por videoconferencia, no un testigo, sino ¡un procesado! Un presidente del Gobierno, ¿no ha de merecer los mismos miramientos protocolarios?

El fallo está tan ayuno de sintaxis como de fundamentos jurídicos, quizá las prisas. Hay en él cosas que son impropias, no ya de un juez en ejercicio, sino de cualquier persona con una cultura general básica. Por ejemplo:

“2.-“El Tribunal de la A.N., (…) se sitúa en el mismo plano en cuanto a los poderes del estado que el ejecutivo, por lo que la comparecencia personal de su representante máximo, en sana relación institucional, se ajusta a Derecho.”

¿Dónde estaría el magistrado Julio de Diego el día que explicaron en su Facul lo de Montesquieu? Verá, señoría, es cierto que los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) están en el mismo plano, pero eso no quiere decir que todas sus instancias sean equivalentes. En el Poder Legislativo, un suponer, no son lo mismo las Cortes Generales que las Juntas Generales de Guipúzcoa. Tampoco es lo mismo la Audiencia Nacional que el Tribunal Supremo. Si el presidente del Gobierno fuera procesado no podrían juzgarlo ustedes, sino el T.S. no sé si me explico. O sea que la A.N. no está “en el mismo plano” que el presidente del Gobierno. Tendría que ganar Rivera su batalla contra los aforamientos más allá de lo que él mismo se ha propuesto para que a un presidente del Gobierno pueda juzgarlo cualquier juez de primera instancia. O cualquier periodista, si se tercia.]

P.-La sentencia declara la responsabilidad del PP únicamente como partícipe a título lucrativo.

El Partido Popular fue condenado únicamente por lo que había sido objeto de acusación. Por haberse beneficiado civilmente de una situación delictiva. Nadie lo acusaba penalmente. Antes de la reforma del Código Penal de 2010 solo podían delinquir personas físicas, por lo que ninguna persona jurídica ni partido político podía ser responsable penalmente por lo que hubiera hecho antes de esa fecha. Nadie puede decir, por tanto, que el PP hubiera cometido algún delito antes de esa fecha. Otro tema distinto son los juicios políticos o morales que se quieran o se puedan efectuar por su comportamiento o relación acreditada con hechos o personas que sí cometieron delitos y por haberse beneficiado con ello, pero este es un tema que trasciende a la justicia. [La sentencia era incongruente al señalar que entre el grupo Correa y el PP “se tejió una estructura de colaboración estable” y que “se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción estable”, expresiones incompatibles con el hecho de que el PP esté “encartado como partícipe a título lucrativo”. La participación a título lucrativo implica “su ausencia de participación en los hechos delictivos”. O estuvo el PP en la génesis del delito y entonces merece reproche penal (el que ha merecido los alcaldes de los dos municipios en que se produjo el delito , Pozuelo y Majadahonda). La propia retribución lo deja claro: 240.000 euros.

 Explicaré un caso práctico. Si ustedes se toman la molestia de teclear en el buscador de Google las palabras Ausbank, jueces, conferencias, se encontrarán con gran número de páginas web con la información de que Luis Pineda, el presidente de aquel club de la extorsión, invitó a un número indeterminado, pero superior al medio centenar, de jueces (del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales de toda España a impartir conferencias y participar en un Foro de la Justicia propio.

Ningún medio dio nombres, aunque cabría preguntarse si los jueces que cobraron entre 800 y 1.200 euros por conferencia (algunos señalaron a una ONG como beneficiaria) pueden juzgar casos de corrupción, habiendo sido patrocinados por una organización criminal que consiguió sentar en el banquillo a una Infanta de España. Esas docenas de jueces eran partícipes a título lucrativo en el negocio de extorsión de Luis Pineda. ¿Quiere esto decir que eran cómplices o colaboradores necesarios? En absoluto, pero un juez debería haberles condenado a lo mismo que De Prada y De Diego al PP: a devolver un dinero que tenía procedencia ilícita. Estrictamente.]

P.-Hay otras piezas de la causa Gürtel pendientes, algunas muy relevantes como la de los papeles de Bárcenas o de la caja b del Partido Popular, en las que usted forma parte del tribunal de enjuiciamiento. ¿Continuará en ellas?

Me encuentro en este momento temporalmente en situación de servicios especiales en la carrera judicial por formar parte como del tribunal internacional que está resolviendo el recurso de apelación contra la sentencia de Radovan Karadzic. Cuando se termine esta sentencia, lo que está previsto para el mes de diciembre próximo, me reincorporaré a la Audiencia Nacional. Espero, por tanto, seguir formando parte del tribunal que las juzgue.

P.-En el pasado usted ha realizado polémicas declaraciones sobre la existencia de malos tratos y tortura policial, afirmando que no están suficientemente combatidos por la justicia española.

He realizado afirmaciones en ese sentido en mis resoluciones cuando he constatado situaciones de ese tipo, y el Tribunal Supremo ha secundado mis apreciaciones e incluso ha anulado una sentencia por dicho motivo. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha afeado esa forma de actuar a los jueces y tribunales españoles en nada menos que ocho ocasiones. Es verdad que, públicamente, fuera de mi condición de juez, me he referido a esta situación de forma general en alguna conferencia, pero nada más. Eso me ha valido abusivos y desproporcionados ataques que creo que descalifican por sí mismos a sus autores.

P.-¿Le preocupan especialmente los derechos humanos?

Sí. Una de las cosas que pienso que debería abordar con prioridad el nuevo Gobierno es la recuperación del terreno perdido en materia de derechos humanos, y especialmente alguna forma de jurisdicción universal que permita devolver a España la posición perdida en esta materia para que pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones internacionales. Sería una magnífica noticia que el nuevo Gobierno socialista se impregnara de la ética de los derechos humanos. Vivimos en un contexto internacional en el que cada día es más importante lo que hagan los Estados en la lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales. No vale como pretexto el que para eso están los tribunales internacionales. Yo, que estoy dentro de ellos, soy consciente de sus carencias y debilidades.

[No hay más que decir. El magistrado Roy Bean de Prada lo deja claro. Pero tú, Bonifacio, hombre de Dios, ¿qué necesidad tenías?]

 

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